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Por Beatriz W. de Rittigstein
El sistema democrático en Israel posibilita correctivos.
El pasado febrero los medios reseñaron el giro del caso Bilín, una aldea palestina en Cisjordania, cuyos pobladores exigían el desvío de la valla de seguridad, pues les dificultaba llegar a sus sembradíos. El caso se llevó a los tribunales israelíes y en 2007 la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ejecutivo y al Ejército cambiar el trazado de la valla. El tribunal israelí rechazó el argumento del Ejército que señaló esa confiscación como necesaria por seguridad. Hace un par de semanas, soldados israelíes retiraron la barrera en la zona.
El muro, señalado sin sustento como de apartheid, en realidad es una alambrada que Israel erigió a fin de impedir la filtración de terroristas que se estallaban en lugares públicos, matando e hiriendo a cientos de israelíes. El deber de todo Estado es proteger a sus ciudadanos y la eficacia de la valla se probó con la drástica reducción de ataques terroristas en Israel. En este afán, se cometieron ciertas arbitrariedades, pero el sistema democrático en Israel posibilita correctivos; la independencia de poderes es firme, al punto que el poder judicial insistió en su fallo y vigiló su cumplimiento.
Por otro lado, el asunto muestra la campaña internacional que, con un doble rasero, busca deslegitimar al Estado judío. Así, los medios radicales, incluyendo una página web tan sesgada como Aporrea, omiten el motivo de la reubicación de la valla; no mencionan el cabal funcionamiento de la Corte Suprema de Israel, que obligó al Ejecutivo a cumplir su sentencia.
La hipocresía es tal, que tampoco informan que en las protestas semanales en Bilín participaban los palestinos afectados junto con activistas israelíes, quienes advirtieron la situación y bregaron por una justa solución.

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