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Por Rebeca Perli
En una reunión de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) sostenida en Egipto en 1990, fue promulgada la Declaración de los Derechos Humanos en el Islam (DDHI) alegando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948, no cubre todas las necesidades de los musulmanes. Ese documento, la Declaración de El Cairo, es prácticamente una copia del emitido por la ONU con la alarmante diferencia de que los derechos contemplados en el mismo funcionan única y exclusivamente bajo la égida de la Shaaría, el código moral y religioso del Islam. En el artículo 19 se estipula que "no existen otros crímenes o castigos aparte de los mencionados en la Shaaria"; en el 24 que "todos los derechos y libertades están sujetos a la Shaaría", y en el 25 que la Shaaria "es la única fuente de referencia para la explicación o clarificación de cualquiera de los artículos de la Declaración". Se garantiza la libertad de expresión, siempre y cuando "no sea contraria a los principios de la Shaaría" y se alude al Islam como "la verdadera religión".
Dada la obvia amenaza a la libertad de expresión y culto que implica este documento, el pasado 9 de julio se reunió en Bélgica el ICLA (International Civil Liberties Alliance) y de allí emanó la Declaración de Bruselas, en la cual entre otros postulados, se acuerda repudiar y suprimir la Declaración de El Cairo y promover una amplia educación que garantice las libertades personales y colectivas de cada individuo. Se aspira de esta manera, por una parte impedir el predominio de la Shaaría y, por la otra, proteger y garantizar los derechos humanos en su carácter "individual, igualitario, inalienable y universal" sobre "cualquier consideración cultural o religiosa".

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