Por Beatriz W. De Rittigstein
Hace poco, el gobierno argentino aceptó dialogar con el iraní sobre los dos grandes ataques terroristas perpetrados en Argentina.
Del mismo modo que Perón acogió a los criminales nazis que huyeron de Alemania en la posguerra, el gobierno de Cristina Kirchner le está abriendo las puertas de su país a la teocracia iraní, la cual, en varios sentidos, emula al régimen de Hitler.
Resulta evidente que la motivación iraní de acercarse a Argentina no es la de hacer justicia, pues bastaría la entrega de los acusados con la finalidad de que se sometan a juicio. El verdadero interés radica en deslindarse de los ataques que destruyeron la sede de la embajada de Israel y el edificio de la AMIA, pese a que las investigaciones señalan con claridad al régimen de los ayatolas. Ello no es nuevo, recordamos que, a partir de 1995, emplearon al neonazi Norberto Ceresole con el propósito de promover una especie de perversa teoría negacionista; y, en efecto, este personaje escribió libros en los que atribuyó a los judíos el haber propiciado tales embates.
Con total descaro, Teherán intenta penetrar en Argentina, tras haber "limpiado" su historial. Pero, hay un motivo adicional; en días recientes, Argentina fue elegida para conformar el Consejo de Seguridad de la ONU, puesto clave en las acciones que decida ejecutar el máximo foro internacional.
Las pretensiones iraníes son obvias, pero los objetivos de la administración Kirchner son inexplicables. El Estado argentino tiene 18 años de mora con la justicia; además, cabe recalcar que está obligado a velar por el bienestar de sus ciudadanos y es su deber proteger a los diplomáticos en funciones ante el Ejecutivo nacional. Estas son responsabilidades ineludibles que no ha cumplido.