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Por Dante Caputo
Un controvertido acuerdo parajudicial entre Irán y Argentina sobre un atentado terrorista en una organización judía en Buenos Aires ha relanzado el debate sobre la creciente presencia de Irán en América Latina. Ese atentado causó la muerte de 85 personas en 1994.
Hace un par de años, Mahmud Ahmadineyad visitó Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Cuba. Estos gobiernos que se declaran progresistas recibieron, sin inquietarse por la incoherencia, a un dirigente que milita en contra de la existencia histórica del Holocausto, que reprimió y mató a manifestantes que objetaban el último resultado electoral en su país y que exhibe orgulloso las posiciones más reaccionarias sobre libertades individuales.
¿Qué hay de seductor, para cierta izquierda, en este Presidente homofóbico? ¿Se entusiasman porque está en contra de Estados Unidos? ¿Ser antiamericano excusa todos los pecados y justifica todas las amistades? Quizás la respuesta sea más simple: a menudo no es la comunidad de ideas y valores la que reúne a los individuos sino, más bien, las mutuas conveniencias del poder y el dinero.
En este marco surge ahora la sorpresiva celebración de un acuerdo entre Argentina e Irán para "avanzar" en la investigación del atentado contra la Asociación de Mutuales Israelíes de Argentina (AMIA), acuerdo que no tendrá valor judicial sino, en todo caso, simbólico.
Tras una intrincada investigación, la justicia argentina identificó hace años como los principales sospechosos del atentado contra la AMIA a varios miembros del Gobierno iraní. Teherán siempre negó su responsabilidad y rechazó que los sospechosos fueran indagados en el proceso judicial.
De forma inesperada, se abrieron negociaciones secretas que concluyeron recientemente con la firma de un memorándum de entendimiento entre los cancilleres de los dos países para formar una Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales para analizar la documentación.
El Gobierno argentino afirma que lo acordado permitirá destrabar el juicio contra los sospechosos del atentado de la AMIA. Sin embargo, el memorándum no hace concesión en materia de actuación de la justicia argentina. Lo único que admite es "el análisis de los documentos aportados" por las dos partes y las preguntas a algunos de los principales personajes de historia: "Nada en este acuerdo podrá perjudicar los derechos de los individuos garantizados por la ley". La ley y la Constitución iraní establecen que sus ciudadanos sólo pueden ser citados a comparecer por una corte competente iraní sobre la base de una evidencia firme. Esto cierra la discusión sobre el carácter parajudicial de la Comisión de la Verdad y sobre la continuidad del procedimiento.
La presidente Cristina Kirchner calificó el hecho de "histórico". Quizás tenga razón porque el retroceso que implicaría este memorándum puede marcar la historia de la justicia del país. Ambos gobiernos, inexplicablemente, se han comprometido a que sea ratificado por los parlamentos, lo cual lo transformaría en ley y lo elevaría a la categoría de tratado. Un tratado no se deshace por un simple acto administrativo. Así, los argentinos y sus futuros gobiernos quedarán atados a un texto que cierra el camino de la justicia.
Curiosamente, en Argentina ni los defensores ni los detractores del acuerdo se preguntan por qué Ahmadineyad, súbitamente, abre el camino para que se discuta (en Teherán) el asesinato de 85 personas, la mayoría judía.
En octubre pasado, Ahmadineyad declaró a la agencia FARS: "Sólo cuando el tema de estas investigaciones sea aclarado, estarán dadas las condiciones para la expansión de los vínculos entre Irán y Argentina".
Esto es lo más claro de esta confusa historia: el Gobierno argentino quiere aumentar el comercio (hoy exporta 1,2 millardos de dólares e importa 20 millones) y el Presidente iraní quiere lavar una grave sospecha que lo perjudica en la región.
Si los iraníes son los que concibieron el atentado, el acuerdo bloqueará la justicia. Y si un verdadero proceso judicial un día probara que no fueron ellos, esta parodia habrá sido una excelente y sofisticada estafa política.
Fuente: Diario El Nacional

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