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Por Beatriz W. De Rittigstein
El reciente fallecimiento de Jorge Rafael Videla, jefe de la última y más sanguinaria dictadura militar en Argentina, nos trajo a la mente el dilema acerca de si su crueldad la solventó en vida o, pese a su muerte en la cárcel, la dimensión de sus crímenes contra unos 30.000 desaparecidos y el sufrimiento de sus familiares, no tuvo el castigo que se merecía.
Con la recuperación de la democracia en 1983, Videla fue juzgado y condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, en 1990, el entonces presidente Menem lo indultó. En 1998, volvió a ser detenido en base al robo sistemático de unos 500 bebés; pero le fue concedido el beneficio de casa por cárcel. Tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, fue juzgado y posteriormente, en 2012, sentenciado a 50 años de prisión en una cárcel común, por el secuestro y sustracción de identidad de infantes nacidos en cautiverio.
Su deuda no será saldada; con su muerte, numerosas familias pierden la posibilidad de encontrar los cuerpos de sus seres queridos y de recuperar a los hijos de éstos. No obstante, Videla nunca se arrepintió de sus crímenes. Justificó el genocidio, con el propósito de "disciplinar" a la sociedad argentina, de allí el eufemismo de Proceso de Reorganización Nacional. En realidad, la mayor parte de las masacres fueron cometidas contra ciudadanos que disintieron. En cada oportunidad, el exdictador arengó reivindicando al régimen opresor.
Lo cierto es que un gobierno totalitario o simplemente con rasgos tiránicos, que impida el libre desenvolvimiento de los ciudadanos, llegará a ser desenmascarado y aunque el castigo a sus perpetradores no sea proporcional, la Historia mostrará su horripilante rostro.

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