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Por Beatriz W. De Rittigstein
En los próximos días, el 14 de junio, Irán celebrará elecciones presidenciales. Ahmadinejad no puede presentarse a un tercer mandato debido a un límite constitucional. Si bien es cierto que en este caso se cumple la ley, ello es un formalismo conveniente al verdadero poder. En realidad, los comicios de este año sólo serán una contienda entre los partidarios del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei y los del presidente saliente.
Cabe recordar el presunto fraude en las elecciones de 2009, cuando Ahmadinejad, apoyado por una brutal represión perpetrada por los Guardianes de la Revolución contra la oposición, se alzó con la presidencia pese a las serias dudas acerca de su legitimidad, voto a voto.
Para colmo, como una burla a la propia Constitución que exige que los aspirantes deben ser prestigiosas personalidades políticas y religiosas, con buenos antecedentes; ser dignos de confianza y virtuosos creyentes, comprometidos con los principios de la República Islámica, en la presente ocasión, dos acusados con pruebas contundentes de tener responsabilidad en el ataque terrorista contra la sede de la AMIA, se presentan como candidatos. Se trata de Mohsen Rezai y de Ali Akbar Velayati, quienes disfrutan de la impunidad que les brinda el régimen teocrático. Previamente, otros dos sospechosos también intentaron participar: Ali Akbar Hashemi Rafsanjani y Ali Fallahian, pero el Consejo de los Guardianes decidió inhabilitarlos por desavenencias internas.
En definitiva, las elecciones presidenciales en Irán no son confiables, ni limpias ni libres. No constituye un proceso democrático. Y una vez más, el régimen de los ayatolas muestra que no cree en un sistema de derecho, al cual ha convertido en un cascarón vacío.

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