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Por Beatriz W. De Rittigstein
Hace varios días nos enteramos que Bashar al-Assad, cuya familia gobierna Siria por más de 40 años, llamará a elecciones presidenciales a efectuarse este 3 de junio y buscará la reelección por unos siete años más. Un asunto que en situaciones normales sería una nueva burla hacia el pueblo sirio, pero en las circunstancias actuales, en un país prácticamente destruido, en medio de una brutal guerra civil la cual ya ha cobrado la vida de más de 150.000 personas, millones de desplazados, graves violaciones a los derechos humanos, ataques terroristas a diario y cuya economía e infraestructura están arrasadas, resulta insólito y, por supuesto, nada confiable.
Recordemos que Bashar heredó el cargo de presidente como si fuera una monarquía, tras el fallecimiento de su padre, Hafez Assad, en el año 2000. Luego, se realizaron un par de plebiscitos en los que "ganó" con más del 97%.
Obviamente, en esta farsa se prevé que Assad triunfará, ya que se celebrará sólo en las zonas controladas por el régimen y sin verdaderos rivales políticos. Unos comicios en estas condiciones resultan aberrantes y tal como denuncia el gobierno alemán: "semejante elección es incompatible con el espíritu y la letra del comunicado de Ginebra" sobre una transición democrática en Siria. Por su parte, la Cancillería francesa opina que "esa candidatura y esas elecciones son una parodia trágica. Ninguna legitimidad puede salir de esa elección fantasma en un país devastado".
En efecto, ¿cuál sería la legitimidad de las autoridades que surjan de unas elecciones que no involucren a todos los sirios? ¿Y qué legalidad tiene para dirigir los sufragios un organismo rector electoral dependiente de forma arbitraria, de la propia tiranía de los Assad?

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