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Por Beatriz W. De Rittigstein
La semana pasada, a más de un año de aprobado por el Congreso argentino, la Cámara Federal de Buenos Aires declaró inconstitucional el Memorándum de Entendimiento firmado por el gobierno nacional y el entonces gobierno de Ahmadinejad, con el supuesto objetivo de que la justicia argentina interrogue en Teherán, a los imputados por la explosión del edificio de la AMIA. Además, el tribunal ratificó la vigencia de los pedidos de captura de los iraníes acusados e instó a Interpol a mantener las circulares rojas de búsqueda de los sospechosos.
Este fallo surgió de la presentación de amparo de la DAIA, la AMIA y el fiscal Nisman, los cuales consideraron que el acuerdo negociado por el canciller Timerman viola garantías constitucionales.
Desde un principio, la comunidad judía y diversos organismos dedicados a los derechos humanos, tanto en Argentina como en el mundo, indicaron que dicho memorándum no era un instrumento adecuado para resolver la causa y, muy por el contrario, a las claras se percibía una táctica iraní para solventar el obstáculo que le impedía establecer plenas relaciones con Argentina y proseguir su plan de penetración en América Latina. Lo incomprensible es que la administración Kirchner, tras años de ser una consistente denunciante, se haya prestado al engaño. Más sorprendente aún fue la firma en sí misma, entre un gobierno democrático, pese a sus desatinos, y otro que patrocina el terror.
Cabe la posibilidad que el gobierno apele, pero se espera que, después de 20 años del ataque islamista contra la sede de la AMIA, de una vez, los organismos pertinentes desplieguen verdaderos esfuerzos para el total esclarecimiento de ese crimen y finalmente, aunque en ausencia, los culpables sean condenados.
La semana pasada, a más de un año de aprobado por el Congreso argentino, la Cámara Federal de Buenos Aires declaró inconstitucional el Memorándum de Entendimiento firmado por el gobierno nacional y el entonces gobierno de Ahmadinejad, con el supuesto objetivo de que la justicia argentina interrogue en Teherán, a los imputados por la explosión del edificio de la AMIA. Además, el tribunal ratificó la vigencia de los pedidos de captura de los iraníes acusados e instó a Interpol a mantener las circulares rojas de búsqueda de los sospechosos.
Este fallo surgió de la presentación de amparo de la DAIA, la AMIA y el fiscal Nisman, los cuales consideraron que el acuerdo negociado por el canciller Timerman viola garantías constitucionales.
Desde un principio, la comunidad judía y diversos organismos dedicados a los derechos humanos, tanto en Argentina como en el mundo, indicaron que dicho memorándum no era un instrumento adecuado para resolver la causa y, muy por el contrario, a las claras se percibía una táctica iraní para solventar el obstáculo que le impedía establecer plenas relaciones con Argentina y proseguir su plan de penetración en América Latina. Lo incomprensible es que la administración Kirchner, tras años de ser una consistente denunciante, se haya prestado al engaño. Más sorprendente aún fue la firma en sí misma, entre un gobierno democrático, pese a sus desatinos, y otro que patrocina el terror.
Cabe la posibilidad que el gobierno apele, pero se espera que, después de 20 años del ataque islamista contra la sede de la AMIA, de una vez, los organismos pertinentes desplieguen verdaderos esfuerzos para el total esclarecimiento de ese crimen y finalmente, aunque en ausencia, los culpables sean condenados.
