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Por Beatriz W. De Rittigstein
En estos días se cumplieron 23 años del primer gran ataque terrorista en América Latina, engendrado desde el exterior. Nos referimos al embate que el 17 de marzo de 1992, destruyó el predio de la embajada de Israel en Argentina. Asimismo, se cumplen 23 años de impunidad, de la cual todos los gobiernos argentinos desde esa fecha hasta el presente, son culpables por omisión, pues han obviado lo que llamaron "la conexión local"; es decir, la ayuda que los autores intelectuales y materiales tuvieron para llevar a cabo tal crimen. La impunidad en el caso del ataque a la embajada fue razón para que, dos años después, los terroristas no tuvieran obstáculos para atacar la sede de la AMIA en Buenos Aires.
La violencia dirigida contra el Estado de Israel en cualquier parte, demuestra una vez más, que su existencia es rechazada por sectores extremistas, los cuales arremeten contra personas e instituciones que de alguna manera se le vinculen, incluyendo a las comunidades judías alrededor del mundo. De forma análoga al nazismo, tampoco aceptan al pueblo judío y su vida organizada.
Rita Jana, abogada de las víctimas de la voladura de la sede diplomática israelí, sostuvo que el grupo terrorista Hezbollah habría sido autor del ataque con colaboraciones locales.
En estos 23 años, la teocracia iraní y el Hezbollah, en "santa alianza", han perpetrado una serie de ataques terroristas en distintos lugares. Hace unos meses, a Ahmed Sabatgold, agregado político iraní en Uruguay, quien pregonaba en público odiar a los judíos, se le vio en las inmediaciones de la embajada israelí precisamente en el momento en que se encontró un maletín sospechoso, como una prueba para conocer el grado de movilización. Irán dijo que fue una casualidad, pero lo sacó del país antes que las autoridades uruguayas lo hicieran.
Aunque Cristina Kirchner haya tenido la desfachatez de señalar que el Estado de Israel "no se interesó" en resolver el caso de su embajada, lo cierto es que el Estado anfitrión es el responsable por la seguridad de los diplomáticos. De igual modo, el Estado argentino debió ser el primer interesado en llevar ante la justicia a los cómplices nacionales y hacer cumplir las sentencias. Después de 23 años de impunidad, resulta cínico cualquier otro tipo de declaraciones.

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