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Por Beatriz W. De Rittigstein
En estos días en los que se cumplen 24 años de total impunidad con respecto al ataque terrorista que destruyó el edificio de la embajada de Israel en Buenos Aires, casi 22 años del estallido de la sede de la AMIA, en el que fueron asesinadas 85 personas, y a más de un año del homicidio del fiscal Alberto Nisman, quien fue otra víctima de aquellos embates, todo indica que, al imponerse por la vía de los votos, el gobierno de Macri está desarticulando una serie de distorsiones aplicadas por los Kirchner. Al propiciar una democracia más seria, con independencia de poderes, especialmente el Poder Judicial, por fin podría haber avances para aclarar estos tres casos.
El Memorándum de Entendimiento con Irán, firmado por el gobierno de Cristina Kirchner, el cual fue denunciado por Nisman, llegó a su fin: el ministro de Justicia, Germán Garavano desistió del recurso de apelación, con lo cual quedó firme la declaración de inconstitucionalidad. Ya Nisman como fiscal federal a cargo de la investigación AMIA, estaba convencido de que aquel acuerdo sólo beneficiaría a los iraníes imputados. En rigor, nunca funcionó, pues el Poder Legislativo iraní se mostró indiferente y no lo aprobó.
Hace pocas semanas, el exespía Antonio Jaime Stiuso se atrevió a regresar a Argentina, donde declaró ante la justicia que Nisman fue víctima de un homicidio por su denuncia contra la presidente al atribuirle presunto encubrimiento a Irán en la causa de la mutual judía.
Mientras, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, designó al fiscal Leonardo Filippini para ocupar el cargo de Nisman. La voluntad de solucionar el caso se percibe en el hecho que Filippini es un prestigioso abogado, especialista en derechos humanos.
Ahora que Argentina se enrumba hacia una democracia más real, existen mayores esperanzas de que se logre dilucidar estos tres casos de terrorismo ocurridos en Buenos Aires y estrechamente vinculados entre sí. Aunque será imposible llevar a los iraníes señalados ante la justicia ya que son parte de la misma mafia religiosa que gobierna su país, por lo menos se sabrá con certeza quiénes son los responsables. También cabe la posibilidad que los argentinos involucrados, tanto los de la conexión local como los encubridores, paguen su colosal crimen.

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